jueves, 20 de agosto de 2009

La fuerza no domina la razón

¿Es el Nuevo Código de Tránsito la solución para detener a los conductores irresponsables? ¿Aumentar las multas será la alternativa correcta? ¿A largo plazo veremos buenos resultados? El nuevo dispositivo genera tantas interrogantes como reflexiones que debemos tomar en cuenta.




No hay manera más sencilla y efectiva de imponer el orden que sembrar el miedo. Quien puede dudar de la disciplina férrea del padre autoritario que se impone al hijo o el silencio que suscitan los regímenes militares a la libertad de opinión. En este símil ahora los conductores tienen un terrible cancerbero que es el Nuevo Código de Tránsito, una norma que ha duplicado y hasta triplicado las sanciones para eliminar el caótico tráfico limeño y combatir a los malos automovilistas.

Según datos de la División de Policía de Tránsito se ha colocado más de 1,000 papeletas de infracción a los conductores solo en una semana. Si mantenemos este ritmo constante tendremos a fin de año 22,000 papeletas impuestas. Con esta cifra ¿podremos establecer que el nuevo dispositivo funcionó?, o solo arrogará que la Policía es más efectiva en multar.

Para aquellos que tiene buena memoria, recordarán que a finales del gobierno de Alberto Fujimori se hizo una nueva escala de sanciones (duplicando y triplicando las multas) y se prometió mano dura con los conductores irresponsables, contemplándose por primera vez, en el otrora reglamento de tránsito, la cárcel efectiva para los choferes que manejen ebrios. Al final mucha fanfarronada y pocos resultados.

El problema del transporte en la ciudad nos lleva al análisis de las siguientes aristas:

Primero: Los buenos conductores no tenemos que preocuparnos por la tasa de multa, difícilmente estaremos en contacto con esta problemática. Por tanto, la medida no afecta significativamente a este grupo. El dilema son los malos conductores que, en gran medida, realizan transporte público (taxis, combis, buses, etc.) y que son los causantes a la vez de las mayores faltas al código.

El inconveniente es que al leer los periódicos nos damos con la triste noticia que un elevado porcentaje de conductores sancionados tienen en su haber más de dos o tres multas. Es decir, a estas personas poco o nada les importa que se pague por pasarle la luz roja 100 soles o 3000 soles. Simplemente ignoran las leyes y vuelven a la carga hasta que la autoridad los detenga. Manejan con o sin brevete, y es posible que sus faltas vayan siendo cada vez más graves. Un círculo peligroso que no se cierra nunca. Esto daría para escribir un voluminoso libro sobre patologías del conductor peruano: causas y consecuencias.

Segundo: La intención del código es disuadir a los conductores a que no cometan faltas por el miedo a las elevadas multas. Aplicamos el principio de miedo a un grupo muy heterogéneo de conductores. Los buenos conductores toman más medidas para evitar faltar a la ley y serán más concientes de las tasas impositivas. Seguramente, serán más rígidos al estacionar o más cuidadosos al pasar por una calle muy transitada. Entonces, el efecto con los buenos conductores funcionará como reforzados de conductas. Logramos un beneficio, pero solo en los buenos conductores… y el resto, los que en verdad nos preocupan, qué conseguimos con ellos.

La experiencia nos dicta que un niño malcriado no cambiará solo porque ahora el castigo es más severo, de la misma manera un mal conductor no modificará comportamientos repetidos desde que sacó el breve solo porque ahora la multa se duplicó. Incurren en esta medida es añadir letra muerta al reglamento, más bien es un facilismo que acarreará resulta oneroso para todos.

Tercero: Uno de los cuestionamientos a la labor policial es el hecho de que los custodios del tránsito reciben un porcentaje de las multas. Esta situación suscita que, en algunos casos, la autoridad busque cinco pies al gato para aplicar una sanción. Todos estamos de acuerdo que el trabajo que realizan es sacrificado y mal remunerado, pero este mecanismo no representa transparencia a los ojos de los ciudadanos.

Si la comuna limeña quiere incentivar a los policías de tránsito que lo haga de manera directa, agregando un bono del 30% a todos los efectivos policiales en su renumeración mensual. Vale decir, recibirían un sueldo del Estado y un incentivo de la municipalidad. A mayor transparencia de la gestión pública mayor confianza en las autoridades.

Cuarto: La entrega de brevete debe cambiar. En el Perú, por lo general, primero se aprende a desplazarse sobre la calzada y, luego, se memoriza algunas normas de tránsito para el examen teórico. Todos saben que lo esencial es dominar el estacionamiento en diagonal y paralelo. La prueba computariza de teoría se puede dar a ojo cerrado, y es de tipo memorista, típica de nuestro sistema educativo. La pregunta clave es dónde evaluamos la inteligencia emocional, la educación vial, el respeto por el peatón, la responsabilidad en caso de accidentes, los derechos y deberes del conductor, etc.

Tomamos dos pruebas y ninguna nos da indicios del futuro conductor responsable que buscamos, solo nos muestran que éste sabe hacer cambios, estacionarse y distingue una señal de otra. Si el MTC quiere hacer reformas serias en materia de seguridad y responsabilidad vial, debe empezar por la entrega de brevete.

La entrega de la licencia debe incluir un curso de capacitación obligatorio de al menos dos semanas para los interesados donde se explique la responsabilidad civil de los conductores bajo tres criterios: el asunto legal (derechos y deberes), el respeto a las normas (conocimiento pleno de código de transporte) y el marco ético (conciencia de la vida y la muerte al volante).

La asistencia a este curso debe ser el primer paso para adquirir una licencia de conducir. Una medida complementaria y necesaria que acompañe a esta iniciativa será la de otorgar un brevete condicionado y renovable a los tres o seis meses, tiempo en el cual se evaluará si el nuevo conductor cumple o no la ley. Pasado el periodo, se concedería el permiso permanente. Esto, presionaría y serviría como marco de control para aquellos que recién inician su experiencia en nuestras vías.

Los ciudadanos deben entender que salir a la calzada con un vehículo es una gran responsabilidad y que la licencia será revocada si no hay respeto constante a las normas. Entre la disciplina y la fuerza hay una gran diferencia. Mientras la primera exige aprendizaje, respeto y constancia; la otra, solo es coactiva, obviando lo sustancial para generar un cambio real: la educación, por ello queda claro que la letra con sangre no entra.

Quinto: El cambio es posible. No muy lejos, la experiencia de Bogotá nos ilustra que si la autoridad se impone con ideas brillantes y los ciudadanos entienden su responsabilidad, el problema de transporte puede mejorar significativamente. Una ciudad que adolecía de casi los mismos inconvenientes que Lima, cambió paulatinamente gracias a propuestas innovadoras impulsadas por el ex alcalde de la Capital colombiana, Antanas Mockus, irónicamente apodado por la oposición como “el loco”. Esa “locura” de creer en el cambio lo llevó a transformar la imagen de la ciudad, a disminuir los accidentes y, más importante aún, a educar a los conductores.

Finalmente, debo afirmar que el sistema solo contempla sanciones y no reconocimientos a los buenos conductores. Hay necesidad de otorgar incentivos a los que sí respetan la ley, sea con premios tangibles o beneficios tributarios. La gente debe reconocer que hacer lo correcto trae también ventajas adicionales: sirve de ejemplo a otros y estimula las buenas prácticas. En suma, la cultura mata la agresión, las ideas inteligentes superan a la fuerza y trabajo cortoplacista nunca da buenos resultados.

Para moldear un nuevo panorama de la realidad del transporte público debemos cambiar de pensamiento y la única forma de hacerlo con garantía, en un trabajo arduo de largo plazo, es la educación.


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